Continuando con nuestras entregas del Régimen de Fomento al Capital Emprendedor, llega el momento de comentar una de las mayores novedades y que más interrogantes abre (por lo menos en el mundo del derecho), la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Se trata de un tipo societario totalmente nuevo y que escapa a los moldes habituales y tradicionales de la Ley General de Sociedades (LGS, 19.550) y / o cualquier otro modo asociativo conocido hasta la fecha (si bien aplica supletoriamente dicha ley y lo dispuesto en la misma para la SRL en lo que resulte aplicable).

Sus accionistas pueden ser “una o varias personas” (siguiendo el formato de la Sociedad Anónima Unipersonal, un modelo que parece afianzarse legalmente) “humanas o jurídicas” que limitan su responsabilidad a la integración de sus acciones (lo que se contradice con la garantía del artículo 43 como se verá). La única restricción que reconoce el artículo 34 es que una SAS unipersonal no puede participar en otra SAS unipersonal; en mi criterio se relaciona con evitar la constitución de muchas figuras jurídicas que fraudulentamente oculten o dificulten el acceso a la persona que ejecuta determinado acto en perjuicio de sus acreedores.

Con respecto a las formas, la SAS puede ser constituida por instrumento público o privado (con firma certificada judicial, notarial, bancaria o por autoridad del registro público competente). Esto es una simplificación importante: los socios supuestamente pueden ir a su banco para que certifique su firma en el estatuto y directamente ingresarlo en IGJ; ello abarata costos y plazos de forma notable. También prevé su constitución por medios digitales con firma digital y mediante archivos en formatos digitales pero ello se encuentra pendiente de reglamentación de la autoridad de aplicación y todavía lejos de concretarse. La principal traba que existe al respecto es la inexistencia de registro de firma digital de casi la totalidad de la población de nuestro país; de todas formas es saludable que se encuentre previsto.

Con respecto a los requisitos del instrumento constitutivo la ley trae algunas novedades sobre la información mínima que debe contener. Una importante se da con respecto al objeto social al establecer que “podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas.” Hasta hoy, si bien la exigencia para que los objetos sociales no sean extremadamente amplios fue variando con el tiempo de acuerdo al criterio de la autoridad de aplicación, siempre tenía que existir una coherencia entre las distintas actividades que la sociedad buscaba dentro de su objeto, ello dado por la conexión entre tales actividades. Esto parece haberse terminado, dado que la misma SAS podría utilizarse para actividades que nada tienen que ver unas con las otras y ello no podría obstar su aprobación por la IGJ, ya que la misma ley establece que pueden ser actividades sin relación entre ellas mientras estén claramente determinadas.

Otra novedad muy útil es la obligación para los Registros Públicos de aprobar y divulgar “modelos tipo de instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción registral”. Esto implica la elaboración de una especie de formulario en donde los socios solo podrán completar ciertos espacios con sus datos, evitando que el funcionario interviniente deba leer la totalidad del estatuto sino solamente chequear puntos específicos. Si bien implica una seria limitación al contenido del estatuto, representa la posibilidad (al menos en teoría y de acuerdo al texto de la ley) de contar con la sociedad inscripta en 24 horas hábiles desde la entrega del formulario. Esta obligación para los Registros Públicos incluye la de dictar todas las normas de ordenamiento interno para que esto pueda materializarse (así como la digitalización del procedimiento y las notificaciones). Eso sí, cualquier agregado que difiera del modelo pre aprobado, implicará una demora mayor sobre la que no existe compromiso de plazo de parte de los impulsores de la ley ni las autoridades intervinientes (aunque también debería ser rápido en comparación a los trámites actuales).

La ley también prevé algunas limitaciones para constituir una SAS (o permanecer una). En primer lugar las del art. 299 de la LGS (oferta pública de acciones, economía mixta, tengan operaciones de capitalización, exploten servicios públicos, etc.) ni ser controlada por una de estas sociedades o que tuviese capital social mayor a 10 millones de pesos; su vinculación máxima a estas sociedades puede ser de un 30% de su capital. Si cualquiera de estas situaciones ocurriera con una SAS, debe transformarse en alguno de los tipos societarios establecidos en la LGS e inscribirlo en el Registro antes de cumplidos los 6 meses. Desde la ocurrencia del supuesto y hasta la inscripción registral, los socios responden frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

También encontramos un enfoque muy particular a la hora de definir el capital social mínimo. Alejándose del enfoque clásico de poner un monto fijo (que siempre termina desactualizado) se utiliza como unidad de medida el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Esto constituye un gran acierto ya que previene sucesivas modificaciones y va en consonancia con la idea de la empresa de ser una herramienta para empresarios que no poseen grandes fondos para gastar en trámites e integración de capital. En el mismo sentido se piensa el capital social mínimo, que es de 2 SMVM.

La suscripción e integración del capital no trae mayores cambios, tiene el mismo esquema que las SA. Los aportes en especie deben integrarse en un 100% al momento de la suscripción; los aportes en dinero en un 25% a la suscripción y el saldo en los 2 años siguientes. La gran innovación en materia de aportes aparece con respecto a los bienes no dinerarios: los socios pueden pactar unánimemente su valor y solo puede ser impugnado por los acreedores dentro de los 5 años de efectuado el aporte.

Además, podrán pactarse prestaciones accesorias respecto de servicios ya prestados o a prestarse en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los socios determinen de forma unánime y justificada. Para estas prestaciones debe precisarse su contenido, duración, modalidad, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración si se tornare imposible su cumplimiento. En caso de estos aportes, la libre disposición de las acciones se verá limitada hasta la integración total del aporte. Es un cambio importante porque un prestador de servicios puede comprometer una serie de trabajos a favor de la empresa dentro de sus primeros 2 años a cambio de una participación accionaria, pudiendo reducir drásticamente la inversión inicial necesaria.

Una de las novedades más importantes la trae la responsabilidad de los socios (art. 43). Éstos “garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.” En una lectura rápida, esto querría decir que el accionista no limita su responsabilidad hacia terceros solamente al aporte que ha comprometido personalmente sino también respecto a los que comprometieron todos sus socios (independientemente de poder existir posteriormente acciones judiciales de recupero). Al encontrarse este artículo en contradicción franca con el artículo 34 (que dice que cada accionista responde por sus acciones suscriptas); habrá que ver la interpretación de los jueces respecto a este punto.

Los tipos de acciones y sus privilegios son similares a los de las Sociedades Anónimas: dependerá del estatuto y los acuerdos de partes, pudiendo diferir los derechos económicos y políticos de unas y otras. Como las empresas chicas generalmente no emiten sus acciones, la titularidad se puede acreditar a través del libro de registro de acciones. Las acciones son, en principio, libremente transferibles, con excepción de lo establecido en el instrumento constitutivo.

Dada la extensión y gran cantidad de cambios que este tipo societario trae, dejamos para futuras entregas puntos como la organización de la sociedad, reformas del estatuto, simplificación de trámites, transformación de la SAS e instituciones de apoyo a emprendedores para mantener este artículo de una extensión acotada. De todas formas, nos encontramos capacitados y en constante estudio del contenido del presente artículo así como los temas referidos en este párrafo, así que no duden en consultarnos.

Diego J. Nunes

Abogado

Estudio Nunes & Asoc.