En concordancia con el plan estratégico de gobierno de dar herramientas de fomento a las pequeñas y medianas empresas, la AFIP anunció a lo largo del año pasado una batería de medidas impositivas que benefician tanto financiera como económicamente a las PyMEs. Si bien es una materia más contable que legal, entendemos que es de gran interés para nuestros lectores (sea por ser potenciales beneficiarios como para estar al tanto de las ventajas comparativas que tendrán sus competidores en el siguiente ejercicio).

En primer lugar nos encontramos con la Resolución General AFIP 3.878/2016 y RES 3945/2016 que plantea el beneficio de pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferido en 90 días. Esto implica que el IVA a las ventas del mes de abril (Declaración Jurada de mayo), en lugar de pagarse en mayo serían pagaderas recién en julio. Esto implica que el empresario contará con un “crédito financiero” autogenerado equivalente al 21% de su facturación por 3 meses.

Pueden ser beneficiarios los contribuyentes categorizados como Micro, Pequeñas y Medianas -tramo 1-. Las categorías se anexan al final del presente en una tabla, ya que dependen del sector y la facturación. Éstos, además, pueden obtener por un trámite simplificado el “Certificado de Exclusión” de los regímenes de retención, percepción y/o pago a cuenta. Las personas humanas correspondientes al sector servicios con ventas totales anuales inferiores o iguales a $2.500.000 también califican para este beneficio.

Se encuentran exceptuados los sujetos que desarrollen actividades de la construcción y minería, actividades agropecuarias. Éstos deberán previamente solicitar el desistimiento de la opción de pago del IVA anual.

Están excluidos quienes estén imputados penalmente por delitos comunes, tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras y se les haya dictado el correspondiente auto de elevación a juicio. Tampoco podrán solicitar estos beneficios quienes realicen las actividades de intermediación financiera y servicios de seguros, servicios inmobiliarios, servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico, servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, y servicios relacionados con juegos de azar y apuestas, las que estén controladas por o vinculadas a otra/s empresa/s o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos ni las que presenten ventas por más de una actividad y al menos en una de ellas supere los límites establecidos en el artículo 1 de la Resolución SPYME 24/2001

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben poseer la CUIT con estado administrativo activo sin limitaciones, declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, así como los domicilios de los locales y establecimientos, tener actualizado en el “Sistema Registral” el código relacionado con la actividad que desarrollan, de acuerdo con el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – F. 883”, constituir ante la AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”, contar con el alta en los tributos pertinentes y no registrar falta de presentación de las declaraciones juradas determinativas y/o informativas correspondientes y no encontrarse en concurso preventivo o quiebra.

Una novedad respecto este régimen es que la autoridad de aplicación no es la propia AFIP, sino que la aprobación sobre la procedencia de la categorización mencionada quedó a cargo de la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción. Es dicha Secretaría la que determina si una empresa puede ingresar o no al beneficio.

 

Un elemento novedoso son los certificados de exclusión con respecto a las percepciones de IVA. Quienes tengan un saldo de libre disponibilidad durante dos (2) períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido, podrán solicitar el “Certificado de Exclusión”. Las Pequeñas y Medianas Empresas -tramo 1- deberán además poseer un saldo de libre disponibilidad en la última declaración jurada del impuesto al valor agregado vencida a la fecha de la solicitud, equivalente como mínimo, al diez por ciento (10%) del promedio del impuesto determinado en las declaraciones juradas de los últimos doce (12) períodos fiscales.

Para la presentación de la solicitud, si bien se puede acceder con clave fiscal libremente, sugerimos asesorarse adecuadamente por su estudio contable y su abogado de confianza. Los beneficios surtirán efectos desde el primer día del mes de aprobación sobre la procedencia de la categorización.

Con respecto al cálculo de los ingresos para establecer a qué categoría pertenece la empresa deberán tenerse en cuenta las ventas totales anuales. El valor de las ventas que surja del promedio de los últimos tres (3) estados contables o información contable equivalente adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al valor agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder, y deducido hasta cincuenta por ciento (50%) del valor de las exportaciones que surjan de dicha documentación serán la base de cálculo tomada. Al respecto ver la tabla que se adjunta al final del presente para saber en qué categoría se encuentra cada contribuyente.

 

En segundo lugar nos encontramos con la Ley 27.264 (de fomento para la pequeña y mediana empresa) que crea el Programa de Recuperación Productiva. El mismo excluye del pago del Impuesto de Ganancia Mínima Presunta a las PyMEs a partir de los ejercicios fiscales que se inicien a partir del día 1 de enero de 2017.

Otra novedad es que el Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios podrá ser computado en un cien por ciento (100%) como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias por las empresas que sean consideradas “micro” y “pequeñas” y en un cincuenta por ciento (50%) por las industrias manufactureras consideradas “medianas -tramo 1-“. El cómputo del pago a cuenta podrá efectuarse en la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias o sus anticipos. Esto da un gran nivel de oxígeno financiero a las empresas que han tenido buenas ganancias en el pasado y están atravesando tiempos difíciles, puesto que sus anticipos se calculan en base a los resultados del ejercicio anterior (que probablemente sea mejor que el actual). Reducir el monto de los anticipos ya de por sí es una gran noticia para la pequeña empresa pero el hecho de poder disminuir el monto total a pagar de Impuesto a las Ganancias es incluso mejor.

La contrapartida es que el remanente no compensado puede asignarse a otros impuestos o pagos (como podría ser el IVA ni es transferible a favor de terceros). De todas formas, quien tiene un tránsito relativamente interesante de pago a los créditos y débitos bancarios casi seguramente podrá aprovechar la totalidad de dichos montos en su Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias si no lo hiciera con sus anticipos.

 

Como tercer punto de interés, nos encontramos con el régimen de Fomento de Inversiones Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que, en los términos del artículo 1 de la ley 25.300, realicen inversiones productivas. Se consideran como tales las que se realicen por bienes de capital u obras de infraestructura, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las inversiones en bienes de capital deben tener por objeto, según corresponda, la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, nuevos o usados, excluyendo a los automóviles. Dichos bienes además deben revestir la calidad de amortizables para el impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de  reproductores, quedando comprendidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza, según lo establezca la reglamentación.

Se excluye del régimen a los declarados en estado de quiebra (respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación), querellados o denunciados penalmente con requerimiento fiscal de elevación a juicio previa adhesión al régimen, denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros (con requerimiento fiscal de elevación a juicio previa adhesión al régimen) y las personas jurídicas en las que sus directivos y socios estén en dicha situación.

Gozarán de este beneficio las inversiones productivas que se realicen entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. Las inversiones productivas se consideran realizadas en el año fiscal o ejercicio anual en el que se verifiquen su habilitación o su puesta en marcha y su afectación a la producción de renta gravada.

Este beneficio tiene una cláusula compleja que todo empresario que quiera adherir debe tener en cuenta. El beneficio referido cae si en el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio o el siguiente la empresa redujera el nivel de empleo. Ello implicaría la obligación de cancelar la totalidad de los impuestos que se deberían haber pagado oportunamente junto con los intereses. También hará caer el beneficio si los bienes u obras que dieron origen al mismo dejaran de integrar el patrimonio de la empresa salvo su reemplazo del bien por de igual o mayor valor al precio de venta del bien reemplazado o cuando se produjera su destrucción por caso fortuito o fuerza mayor, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación o bien cuando haya transcurrido un tercio de la vida útil del bien que se trate.

El beneficio respecto a estas inversiones se ve reflejado en el impuesto a las ganancias. Se computa como pago a cuenta (hasta la concurrencia del monto de la obligación que en concepto de impuesto a las ganancias se determine en relación al año fiscal o ejercicio anual de que se trate) la tasa del diez por ciento (10%) sobre el valor de las inversiones productivas realizadas durante el año fiscal o ejercicio anual, según corresponda, y no podrá superar el monto que se determine mediante la aplicación del dos por ciento (2%) sobre el promedio de los ingresos netos obtenidos en concepto de ventas, prestaciones o locaciones de obra o de servicios, según se trate, correspondientes al año fiscal o ejercicio anual en el que se realizaron las inversiones y el anterior.

En el caso de las industrias manufactureras Micro, Pequeñas y Medianas -tramo 1- el límite porcentual establecido en el párrafo anterior se incrementará a un tres por ciento (3%).

Por último, nos encontramos con la posibilidad de afectar ciertos créditos fiscales a distintos tributos dentro del régimen de Fomento a la Inversión. Con respecto a los que provengan del impuesto al valor agregado que hubiesen sido originados en inversiones productivas se podrán solicitar que los créditos fiscales se conviertan en un bono intransferible utilizable para la cancelación de tributos nacionales, incluidos los aduaneros siempre que en la citada fecha de vencimiento, los créditos fiscales referidos o su remanente integren el saldo a favor del primer párrafo del artículo 24 de la Ley de IVA.

 

CATEGORÍA\
SECTOR
VENTAS TOTALES ANUALES
AGROPECUARIO INDUSTRIA Y MINERÍA COMERCIO SERVICIOS CONSTRUCCIÓN NORMA
Micro $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000  

RSEPYME 11/2016

BO: 18/3/2016

Pequeña $ 13.000.000 $ 45.500.000 $ 55.000.000 $ 15.000.000 $ 22.500.000
Mediana tramo 1 $ 100.000.000 $ 360.000.000 $ 450.000.000 $ 125.000.000 $ 180.000.000
Mediana tramo 2 $ 160.000.000 $ 540.000.000

 

$ 650.000.000 $ 180.000.000 $ 270.000.000

 

ACTUALIZACIÓN 20/4:

Si bien todavía no está disponible la plataforma completa para completar los trámites a distancia, desde el Ministerio de Producción se habilitó una página web para solicitar el Certificado PyME. El mismo puede conseguirse en este link: http://certificadopyme.produccion.gob.ar:8888/

  Diego J. Nunes

Abogado

Estudio Nunes & Asoc.